El Juez Garzón se inhibe en favor de los jueces de los lugares donde han aparecido restos de desaparecidos. Declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de Franco y otros dirigentes del franquismo.
JUICIO AL FRANQUISMO
MANUEL MARRACO EN EL MUNDO
Al final, Franco estaba muerto y Garzón no era competente. Así lo reconoce el propio magistrado de la Audiencia Nacional en un auto de 152 folios que en su mayor parte emplea en justificar por qué hace un mes sí era competente y en responder con igual saña a los palos que desde entonces ha recibido de la Fiscalía. Entre otras cosas, espeta al fiscal jefe, Javier Zaragoza, que siguiendo sus criterios «no habría habido juicio de Nüremberg».
Desahogos aparte, el juez hace dos cosas: ratifica que deben investigarse penalmente las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo y se inhibe en favor de los jueces de aquellos lugares donde se han encontrado fosas comunes, para que sean ellos los que a partir de ahora se hagan cargo de la causa.
El magistrado se quita así de encima el asunto antes de que la Sala de lo Penal, su superior jerárquico, se pronuncie a petición fiscal sobre la competencia del instructor. El pasado día 7, el Pleno ya ordenó la paralización de las 25 exhumaciones autorizadas por el instructor, dejando así al magistrado con poco más que hacer en la causa.
La maniobra de Garzón no cierra la posibilidad de que el Pleno, finalmente, se pronuncie sobre el asunto. Fuentes judiciales y fiscales de la Audiencia Nacional indicaron ayer que el magistrado no tiene competencia para declarar extinguidas las responsabilidades penales ni para inhibirse en favor de los jueces ordinarios. Al haber transformado las diligencias previas en sumario -una maniobra con la que quiso evitar el recurso directo del fiscal ante su superior- , ambas medidas corresponderían a la propia Sala de lo Penal. Así, la de ayer sería una nueva resolución dictada sin competencia para ello. En cualquier caso, la Sala no tiene previsto abordar ninguno de los múltiples derivados del asunto hasta la próxima semana, ya que en ésta no se ha convocado Pleno.
El juez estrella, -que califica de «mediática» la actuación fiscal- justifica su inhibición en que ya ha acreditado el fallecimiento de Franco y otra treintena de dirigentes a los que responsabilizaba del «plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales)». Extinguida su responsabilidad no existe ya a quién perseguir por el ataque a altos organismos de la nación y la forma de gobierno, el delito conectado a las desapariciones que Garzón empleó para establecer su competencia.
En realidad, no todos están oficialmente muertos. El juez reconoce que aún no ha podido certificar la muerte de José María Mazón, dirigente de la Falange. Además, indica que los jueces ordinarios podrían señalar a otros imputados aún vivos de rango político menor.
Al margen de que él no sea el juez competente, Garzón mantiene que la causa que abrió hace un mes debe seguir adelante: «Deben ratificarse con contundencia las bases sobre las que se asienta la investigación, así como la necesidad de la misma, al tratarse de delitos permanentes». Esa contundencia no ha evitado que, hasta ahora, los jueces hayan optado por ignorar el asunto o considerarlo prescrito, según las asociaciones de memoria histórica.
A lo largo de su discurso, el juez se alinea con una reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU y respalda la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 por el 93% de las Cortes.
El juez repasa sus argumentos anteriores -las desapariciones no han prescrito, son crímenes contra la Humanidad, no les afecta la amnistía- y añade uno del que no había rastro en el auto en el que se declaró competente. Se trata de los «niños perdidos del franquismo», víctimas de «una segregación infantil que alcanzaría unos límites preocupantes y que, bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40». «Una situación», concluye, «que en gran medida podría haberse prolongado hasta hoy», lo que reforzaría la tesis de que esos delitos están vivos.
Pese a haberse negado a tramitar el recurso de apelación de la Fiscalía y no haber informado aún sobre el incidente de competencia que le acompañó, el juez ocupa buena parte del escrito en subrayar las «palmarias contradicciones» del Ministerio Público. Para ello, cita las investigaciones del caso Pertur -el etarra desaparecido antes de la Ley de Amnistía- y de presuntos criminales nazis, que la Fiscalía sí apoya.
El juez cierra el escrito informando al ministro de Justicia de que ha creado un grupo de expertos, un grupo policial y un grupo de peritos. Para que los aproveche.
elmundo.es
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